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El paro sigue estando por encima de cuando Sánchez llegó a La Moncloa

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acuerden el nuevo impuesto a las eléctricas.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz acuerden el nuevo impuesto a las eléctricas.

Es un misterio aún por aclarar cómo es posible que la afiliación a la Seguridad Social lleve tres meses consecutivos creciendo más de un 4% interanual, algo que no sucedía desde junio de 2006. La producción industrial fue en el cuarto trimestre de 2021 un 2,9% menor a la del mismo período de 2017. Sin embargo, el empleo industrial es ahora 3,7% mayor al de entonces. De manera similar, el PIB es dos décimas menor al de entonces, mientras el empleo total es 6,7% mayor.

Entre diciembre de 2017 y febrero pasado se crearon 1,2 millones de empleos. De ellos, 415.900 fueron en el sector público (un tercio del total). Hay todavía 115.300 asalariados en ERTE. Aun restando ambos colectivos, nos queda una creación de 702.900 puestos de trabajo (+3,8%) que tampoco es coherente con el estado de la economía.

Tampoco puede pensarse en que el empleo crece alentado por buenas expectativas. Una nueva crisis (ahora, la guerra en Ucrania) vuelve a pillar al Gobierno sin un plan de contingencia. Mientras el Ejecutivo aprueba proyectos de “movilidad sostenible” y el reparto del “bono joven”, mientras ejecuta las contrarreformas laboral y previsional, la realidad es la de una deuda pública que sigue creciendo y una inflación disparada. 

Los primeros efectos de la contrarreforma laboral son un buen símbolo de un Gobierno afecto a la propaganda y la mentira. A través del impulso al contrato fijo-discontinuo, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se jactan de haber reducido la temporalidad. Sin embargo, la realidad para el trabajador es la misma de antes: no trabaja más horas, solo cambió el nombre del contrato.

La evolución del empleo agrario y de las empleadas del hogar nos da pistas sobre el efecto destructivo de otra de las piezas de la propaganda oficial: la subida del salario mínimo. Esos mil euros equivalen a casi el 70% del salario medio de las pequeñas empresas. Por eso, para muchas, será imposible de pagar. El caso es que sólo en febrero, se perdieron 22.300 empleos entre el agro y el servicio doméstico. En los últimos doce meses, la pérdida es de más de 50.000 puestos de trabajo.

En febrero trabajaron en el campo 1,1 millones de personas; fueron, por ejemplo, menos de los que lo hicieron en el mismo mes de 2002. Desde que gobierna (es un decir) Pedro Sánchez, se perdieron 65.500 empleos agrícolas (el 5,6% del total).

Más que cuando llegó a Moncloa

Hay 3,11 millones de parados registrados. Si les sumamos a quienes están en ERTE, son un total de 3,23 millones, que es prácticamente lo mismo que había en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia. Es, también, un número ligeramente mayor al que había cuando Pedro Sánchez entró a La Moncloa por la ventana, en junio de 2018.

En suma, aunque el Gobierno celebrará sus supuestos “logros”, cualquier persona sensata se llamaría a la prudencia. Es evidente que es mejor que crezca el empleo a que ocurra lo contrario. Pero cuando el empleo sube más deprisa que la producción implica que la productividad media cae, y eso es insostenible. Ahí radica el misterio por aclarar: cuánto tiempo aguantarán las empresas con una productividad en descenso, antes de que tengan que compensarlo por otras vías (sea reduciendo plantillas o recortando salarios y otros costes).

La mayor inflación (la variación interanual del IPC a impuestos constantes de febrero habría superado el 8%, algo no visto desde 1986), carcome el poder de compra de ahorros, salarios y pensiones, por lo que forzosamente deriva en una menor demanda. Eso, unido a la incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania deriva en una caída de la confianza que puede detener o postergar proyectos de inversión, así como también dilatar la compra de bienes duraderos.

Definitivamente, el mayor problema de España no es que Ione Belarra y los demás ministros comunistas amenacen con dimitir.

@diebarcelo 

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